Datos sobre la situación de maltrato y vulnerabilidad de las personas con discapacidad en España
Según la Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia (EDAD) de 2008 del INE,el 60% de las personas con discapacidad son mujeres.
El Comité Español de Representantes de las Personas con Discapacidad (CERMI), en su contribución al Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad en su medio, día de debate general sobre mujeres y niñas con discapacidad (abril 2013), habla de que las mujeres con discapacidad tienen un mayor índice de analfabetismo, niveles educativos más bajos, menor actividad laboral y/o con puestos de trabajo de menor responsabilidad y peor remunerados, mayor aislamiento social, más baja autoestima, mayor dependencia económica respecto de la familia y/o personas responsables de apoyarlas, mayor dependencia socioafectiva y emocional, mayor posibilidad de sufrir todo tipo de violencia, menor desarrollo personal y social, gran desconocimiento de la sexualidad y numerosos y catastróficos mitos al respecto, mayor desprotección sociosanitaria y baja autovaloración de la imagen corporal.
Aunque no existen muchos datos estadísticos sobre la violencia en personas con diversidad funcional, se sabe que las mujeres con discapacidad sufren mayor porcentaje de maltrato (10 puntos más) en España que las mujeres sin discapacidad. También hay datos, por ejemplo, de que la prevalencia de maltrato es mayor entre los menores que presentan alguna enfermedad física o trastorno mental (7,80%) que entre los que no la presentan (3,57%), o que los menores que tienen alguna discapacidad sufren mayores tasas de maltrato (23,08%) frente a los menores que no presentan ninguna (3,87%). Desgraciadamente, aún no se ha ligado la discapacidad al concepto de violencia de género en ninguno de los estudios en el ámbito estatal ni por parte de las administraciones públicas, dificultando que dispongamos de mayores datos específicos sobre este colectivo.
Hay que destacar que muchas de estas personas, debido al escaso conocimiento de sus derechos, a la dependencia del entorno, su baja autoestima, etc., ni siquiera son conscientes de que están sufriendo un abuso o maltrato, e incluso llegan a pensar que se lo merecen, por lo que esto hace todavía más difícil que haya denuncias en este sentido y que podamos conocer datos reales de la situación de violencia en la que viven.
La esterilización forzosa y el aborto coercitivo siguen practicándose en el caso de las mujeres y niñas con discapacidad, sobre todo en personas con discapacidad intelectual o psicosocial, sin contar con su consentimiento o sin que comprendan el propósito específico de la intervención quirúrgica, y bajo el pretexto del bienestar de la persona con discapacidad.
Esterilización forzosa y aborto coercitivo
La esterilización forzosa, a pesar de ser considerada como un crimen de la humanidad y un delito grave de violencia sexual, está permitida por nuestro país para las personas con discapacidad que estén incapacitadas judicialmente, sin que tengan conocimiento de las consecuencias ni de lo que conlleva esta práctica.
